Qué destapó la filtración

El 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron más de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca. El material mostró hasta qué punto las estructuras offshore se habían convertido en una herramienta habitual para mover y aparcar patrimonio lejos del escrutinio fiscal. Nada que sorprenda demasiado, salvo quizá el tamaño del negocio.

Durante más de un año, más de 350 periodistas de más de 80 países trabajaron en secreto para analizar 2,6 terabytes de datos filtrados antes de sacar a la luz sus conclusiones.

De qué iba exactamente el escándalo

Los documentos incluían correos electrónicos, contratos y extractos bancarios. En conjunto, revelaban una red masiva de sociedades pantalla vinculadas a algunas de las personas más ricas e influyentes del mundo: políticos, empresarios y figuras públicas de países que iban del Reino Unido a Rusia, y de Australia a Brasil.

Esas estructuras se apoyaban en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Panamá. Según el material filtrado, unas 214.000 entidades estaban vinculadas a personas y empresas de más de 200 países y territorios. La documentación abarcaba desde los años setenta hasta 2016.

Quién filtró los documentos

La filtración salió a la luz gracias a un denunciante anónimo que utilizó el seudónimo de John Doe. Primero entregó los documentos a Süddeutsche Zeitung, que después coordinó con medios de todo el mundo la investigación y la publicación de los hallazgos.

P. Vaidyanathan Iyer, editor jefe de The Indian Express y uno de los cientos de periodistas que participaron en el trabajo, describió el proceso como buscar una aguja en un pajar. Durante seis a ocho meses, él y su equipo se dedicaron prácticamente a leer datos sin parar, en una especie de aislamiento operativo que suena menos glamuroso de lo que luego queda en los documentales.

Quiénes aparecieron señalados

Entre los nombres identificados había cientos de personas, entre ellas más de 140 políticos, que figuraban como directores, accionistas o beneficiarios de sociedades offshore.

Entre los señalados estaban Mauricio Macri, entonces presidente de Argentina, y Petro Poroshenko, presidente de Ucrania entre 2014 y 2019. También aparecieron el ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif y el ex primer ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson, todos ellos relacionados con la propiedad de sociedades pantalla en paraísos fiscales.

Qué es una sociedad pantalla offshore

Una sociedad offshore es una entidad constituida en una jurisdicción distinta a la del país de residencia de su propietario.

Una sociedad pantalla, por su parte, es una entidad que no tiene una actividad sustancial real en el lugar donde está registrada, según explicó a Al Jazeera Kehinde Olaoye, profesor de derecho mercantil y asociaciones de derecho empresarial en la Universidad Hamad bin Khalifa, en Catar.

Estas sociedades pueden utilizarse para generar una cobertura legal de operaciones financieras dudosas o fraudulentas. Si además están registradas fuera del país del propietario, hablamos de sociedades pantalla offshore.

¿Son ilegales?

No necesariamente. Las sociedades offshore no son automáticamente ilegales. En teoría, pueden servir para crear fideicomisos, proteger patrimonio o planificar herencias.

El problema es que la frontera entre uso legítimo e ilegítimo es bastante fina, como suele ocurrir cuando una estructura financiera suena más a ingeniería que a economía real.

Olaoye explicó que empresas y particulares suelen recibir asesoramiento financiero y jurídico sobre cómo organizarse para aprovechar ventajas fiscales consideradas favorables.

Qué consecuencias hubo

No todo quedó en titulares y aire indignado.

Un mes después de la filtración, Sigmundur Gunnlaugsson dimitió como primer ministro de Islandia tras protestas masivas. Según los documentos, él y su esposa habrían creado una empresa llamada Wintris en las Islas Vírgenes Británicas con ayuda del despacho panameño. Su salida arrastró también al gobierno islandés de entonces.

En 2017, el Tribunal Supremo de Pakistán inhabilitó a Nawaz Sharif como primer ministro tras la publicación de los documentos, pese a que una resolución previa había considerado insuficientes las pruebas de corrupción. Los Panama Papers mostraban que sus hijos tenían varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. En 2018, Sharif fue vetado de por vida de la política.

Mossack Fonseca, que llegó a tener más de 40 oficinas en todo el mundo, sufrió un golpe operativo importante tras la filtración, con recortes de personal, y acabó cerrando en 2018. Sus fundadores, Jürgen Mossack y el ya fallecido Ramón Fonseca, fueron absueltos por un tribunal panameño junto con otras 26 personas acusadas de crear sociedades pantalla implicadas en escándalos en Brasil y Alemania.

Cuánto dinero se ha recuperado

Entre 2016 y 2026, los gobiernos de todo el mundo recuperaron alrededor de 2.000 millones de dólares en impuestos, sanciones y recargos, según el ICIJ.

El Reino Unido, Suecia y Francia recuperaron entre 200 y 250 millones de dólares cada uno. Otros países, como Japón, México y Dinamarca, rondaron los 30 millones.

Aun así, la cifra pendiente sigue siendo muy superior.

En India, por ejemplo, el Gobierno abrió cerca de 425 casos fiscales, según Iyer. Pero el dinero ingresado finalmente en las arcas públicas fue de unas 150 crore de rupias, alrededor de 16 millones de dólares, frente a unos 1.500 millones de dólares que quedaron bajo investigación.

Austria, Eslovenia y Nueva Zelanda recuperaron entre 1 y 8 millones de dólares. Panamá, el país donde estalló la filtración, logró recuperar unos 14,1 millones.

¿Cambió algo en el sistema?

Sí, pero no tanto como para dar por cerrado el asunto.

Tras la publicación de los Panama Papers, varios gobiernos aprobaron leyes y normas para limitar el uso indebido de sociedades pantalla. Entre ellas está la Corporate Transparency Act en Estados Unidos, que obliga a identificar a los llamados beneficial owners, es decir, las personas que acaban beneficiándose realmente de esas entidades.

También se han impulsado medidas para mejorar el intercambio de información entre autoridades tributarias. Además, la ONU estudia propuestas de un Convenio sobre Fiscalidad y varios países han firmado tratados bilaterales para evitar la doble imposición y reducir la evasión fiscal.

El problema de fondo, sin embargo, sigue ahí: no existe una norma fiscal internacional única y vinculante para todos. El resultado es una maraña de tratados y acuerdos que permite a quienes cuentan con mejores asesores elegir la vía más conveniente según les interese. El llamado treaty shopping, vaya.

Como resumió Olaoye, el gran desafío del derecho fiscal internacional es precisamente la ausencia de un convenio fiscal multilateral, algo que alimenta la competencia tributaria y deja margen para aprovechar los huecos del sistema.