Un proyecto caro y, de momento, bastante solo

Una portavoz del representante Mike Simpson, Lexi Hamel, declaró el miércoles que el republicano de Idaho “cree que la decisión es estúpida” y que “nadie se armó un escándalo cuando Roosevelt o Truman renovaron la Casa Blanca (con dinero de los contribuyentes)”.

Pero si la apelación de Trump fracasa, los republicanos del Congreso tendrán que escoger entre impulsar una ley que deje claro que la Casa Blanca puede seguir adelante o aceptar el riesgo de que el proyecto se retrase. El plan ya tenía como fecha objetivo de finalización 2028, no precisamente un margen generoso cuando el mandato de Trump también va avanzando.

Mike Davis, activista judicial conservador y próximo a la Casa Blanca, dijo en una entrevista que los republicanos “tienen que” actuar.

“¿Van a dejar el salón de baile ahí, en ese caos… van a dejar la obra como un desastre durante los próximos tres años?”, añadió Davis. “Vamos, hombre”.

Silencio en los comités clave

Por ahora, la mayoría de los republicanos que forman parte de los comités con competencia directa sobre la Casa Blanca y las propiedades públicas no ha dicho si va a impulsar una ley para proteger uno de los grandes caprichos de Trump.

Mover ficha no sería gratis políticamente. Los demócratas ya han dejado claro que consideran que el salón de baile demuestra que el presidente prefiere agasajar a ricos donantes antes que aprobar políticas para abaratar la vida cotidiana. Y en el Senado, además, tienen capacidad para bloquear cualquier intento de autorizar formalmente el proyecto antes de que llegue a la mesa de Trump.

“Este es un test muy claro de las prioridades republicanas”, dijo el martes por la noche la representante de Connecticut Rosa DeLauro, principal demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara. “Pueden sacar adelante el proyecto aprobado por el Senado para poner fin al cierre del DHS… o pueden traer una ley para darle permiso al presidente Trump de construir su salón de baile de 350 millones de dólares para recibir a sus amigos multimillonarios”.

Los comités de Recursos Naturales de la Cámara y de Energía y Recursos Naturales del Senado son los encargados de autorizar proyectos en terrenos gestionados por el Servicio de Parques Nacionales, donde se encuentra la Casa Blanca. Los portavoces de sus presidentes, el representante Bruce Westerman, de Arkansas, y el senador Mike Lee, de Utah, no respondieron esta semana a las peticiones de comentario.

La portavoz de Simpson, que preside el panel de la Cámara encargado de la financiación relacionada con el Interior, dijo que el dinero para el proyecto de la Casa Blanca no entraba en su ámbito. Los portavoces de los presidentes de las subcomisiones de Asignaciones de la Cámara y del Senado con competencia sobre la Oficina Ejecutiva del Presidente tampoco respondieron el miércoles. Los demócratas ya habían intentado antes, sin éxito, prohibir expresamente que se destinara dinero a la construcción del salón de baile dentro del proceso presupuestario.

El representante Andy Ogles, republicano de Tennessee y aliado muy fiel de Trump, que en el pasado propuso poner la cara del presidente en el Monte Rushmore, dijo por mensaje de texto el miércoles que no sabía si alguno de sus compañeros del Partido Republicano había presentado medidas para autorizar la construcción.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ya había defendido antes la decisión de Trump de construir un salón de baile, citando a varios presidentes que renovaron o ampliaron la Casa Blanca, incluido Barack Obama. Los portavoces de Johnson y del líder de la mayoría del Senado, John Thune, no respondieron el miércoles a las preguntas sobre este asunto.

Una guerra legal que compite con demasiadas prioridades

En privado, sin embargo, los republicanos no parecen convencidos de que tengan que intervenir ya. La causa sigue abierta en los tribunales y, además, el Congreso ya tiene bastante con otras urgencias inmediatas: poner fin al cierre del DHS, reautorizar unas polémicas facultades de vigilancia y cumplir la fecha límite de Trump para entregar un proyecto de ley republicano de control migratorio.

Preguntado por si el Ejecutivo pediría al Congreso que aprobara una ley para despejar dudas o evitar retrasos, el portavoz de la Casa Blanca Davis Ingle respondió con una declaración centrada en criticar la resolución judicial.

“El presidente Trump tiene claramente la autoridad legal para modernizar, renovar y embellecer la Casa Blanca, igual que hicieron todos sus predecesores”, dijo Ingle. “Recurriremos de inmediato esta decisión escandalosa y estamos convencidos de que venceremos”.

Davis, el activista judicial, sugirió que los republicanos podrían dar su visto bueno al proyecto a través de una ley de reconciliación presupuestaria, que solo necesita mayoría simple en ambas cámaras. En los próximos meses se habla de reunir dos paquetes legislativos de partido, uno para financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza y otro más amplio con otras prioridades republicanas. El problema es que no está nada claro que dar luz verde al salón de baile encaje con las reglas estrictas que rigen ese procedimiento.

Los precedentes, o lo que Trump y sus aliados dicen que son precedentes

No es la primera vez que los tribunales frenan a Trump por no pedir autorización del Congreso para sus movimientos unilaterales. El Tribunal Supremo anuló recientemente sus aranceles impuestos por su cuenta, y tribunales inferiores han obligado a apartar a fiscales federales que nunca recibieron confirmación del Senado.

Los abogados de Trump han defendido que existen precedentes históricos para su proyecto del salón de baile en la Casa Blanca, algo que el juez federal Richard Leon abordó directamente en su resolución. Pero mientras obras más pequeñas, como el pabellón de tenis de Trump de 2019, “nunca fueron impugnadas en los tribunales”, las grandes ampliaciones de 1933 y 1942, que incluyeron la construcción del Ala Este que Trump quiere sustituir, fueron autorizadas “mediante asignaciones generales”, escribió Leon.

Además, una gran reforma de la Casa Blanca bajo el presidente Harry Truman fue autorizada y financiada por una ley específica de 1949 que prohibía cualquier “cambio en la apariencia arquitectónica actual del exterior de la mansión o del interior de su planta principal”.

Aun así, el argumento de que presidentes anteriores han hecho obras en la Casa Blanca sin mayores consecuencias sigue siendo popular entre los pocos republicanos que han comentado el fallo. El representante Lance Gooden, de Texas, figura entre quienes sostienen que otros presidentes usaron fondos privados para añadir elementos a la residencia presidencial sin pedir permiso al Congreso.

“FDR construyó una piscina cubierta con fondos privados. Obama construyó una pista de baloncesto con fondos privados”, escribió Gooden en X. “Sin embargo, un solo juez puede impedir que el presidente Trump construya un salón de baile FINANCIADO PRIVADAMENTE que beneficiaría a generaciones futuras”.