El presidente venezolano, acusado de conspirar para traficar cocaína, rechaza los cargos y los atribuye a un complot imperialista.

Audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro volverá a presentarse ante un tribunal de Nueva York para solicitar que se desestime la acusación en su contra por presunto tráfico de drogas. Esta será la primera comparecencia desde la audiencia de enero, cuando declaró no culpable y protestó por lo que calificó como su abducción por fuerzas militares de Estados Unidos.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, siguen recluidos en un centro de detención en Brooklyn. Ninguno de los dos ha pedido libertad bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado fecha de juicio, aunque podría anunciarse en esta audiencia.

Situación política en Caracas

Aunque el partido de Maduro mantiene el control formal del Estado, él ha ido perdiendo peso dentro del gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Rodríguez ha destituido a figuras claves leales a Maduro, entre ellas su ministro de Defensa y la fiscal general, además de reorganizar instituciones, nombrar nuevos embajadores y modificar elementos centrales del proyecto socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

En Venezuela todavía se ven murales y vallas pidiendo la vuelta de Maduro y Flores, lo que indica que continúan teniendo apoyo popular en algunos sectores.

Acusaciones y posible pena

Los fiscales estadounidenses acusan a Maduro y a varios presuntos cómplices de “narco-terrorismo” y de planear el envío de cocaína a Estados Unidos. Si son condenados, podrían enfrentarse a penas máximas que incluyen cadena perpetua bajo la legislación federal vigente.

La ley de narcoterrorismo en cuestión se creó hace aproximadamente 20 años para perseguir a quienes financian actividades que Estados Unidos considera terrorismo. Hasta ahora, 83 personas han sido acusadas bajo ese estatuto, incluido Maduro. Según reportes, la norma de 2006 ha llevado a cuatro condenas en juicio, de las cuales dos fueron posteriormente anuladas por problemas relacionados con la credibilidad de testigos.

Vínculos con grupos armados

La acusación federal plantea que Maduro dirigió una conspiración en la que funcionarios de su gobierno facilitaron el tránsito de cocaína por territorio venezolano en colaboración con traficantes y con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Estados Unidos clasificó a las FARC como organización terrorista entre 1997 y 2021.

Maduro y los demás señalados han rechazado siempre las imputaciones y las presentan como parte de un plan imperialista para perjudicar a Venezuela.

Cuestiones legales en disputa

La defensa sostiene que Estados Unidos está violando derechos constitucionales de Maduro al impedir que fondos del gobierno venezolano se utilicen para pagar sus gastos legales. Ese reclamo forma parte del paquete de argumentos que la defensa llevará a la audiencia en Nueva York.

La comparecencia servirá para que ambas partes expliquen sus posiciones ante el juez y, posiblemente, para que se fije un calendario procesal más claro. Hasta entonces, el caso seguirá siendo una mezcla de disputa legal y pulso político internacional.