El 16 de marzo la red eléctrica nacional de Cuba colapsó por tercera vez en cuatro meses. Cerca de 10 millones de personas estuvieron más de 29 horas sin luz. Hospitales lucharon por mantener generadores, las bombas de agua dejaron de funcionar y la basura se acumuló en calles donde los camiones de recogida llevan semanas parados.
Qué encendió la crisis
En enero comenzó a notarse una grave escasez de combustible después de que Estados Unidos cortara el suministro de petróleo a la isla, una medida vinculada a la crisis regional y política en Venezuela. México, que en 2025 suministró aproximadamente el 44% del crudo que importó Cuba, dejó de entregar bajo la presión de posibles aranceles estadounidenses.
El resultado inmediato fue un racionamiento energético que terminó en apagones generalizados. A esto se sumó, en enero de 2026, una orden ejecutiva que impuso un bloqueo de combustible. Expertos de derechos humanos de la ONU lo calificaron como una violación seria del derecho internacional.
Un conflicto con raíces históricas
La presión económica de Washington sobre La Habana no es nueva. Desde el embargo comercial total de 1962 hasta la extensión extraterritorial de la ley Helms-Burton en 1996, la política estadounidense ha buscado limitar la capacidad económica de Cuba. En la Asamblea General de 2024, La Habana reportó pérdidas acumuladas por el embargo por valor de 1,5 billones de dólares.
En paralelo, el alza del precio del crudo tras la guerra en Oriente Medio llevó el Brent por encima de 110 dólares por barril, lo que complica aún más el acceso a combustibles en un mercado global tenso.
La retórica y la política
En una audiencia del 28 de enero, el secretario de Estado aseguró que no se buscaba derrocar al gobierno cubano, aunque añadió que le gustaría ver un cambio de régimen. Unos meses después, declaraciones presidenciales subieron el tono al afirmar que la isla es una "nación muy debilitada" y que se pueden tomar medidas contundentes.
Esas palabras chocan con obligaciones legales internacionales y con principios constitucionales que Estados Unidos aceptó al ratificar la Carta de las Naciones Unidas. En un contexto donde los controles internos son más flojos, pocos actores parecen en posición de forzar el cumplimiento legal.
Presiones y contrapesos
Washington ha presionado a países de la región para que rompan convenios de cooperación médica con Cuba, lo que afecta una fuente de ingresos clave. En su momento más alto, las brigadas médicas cubanas sumaron unas 24.000 personas repartidas en 56 países.
Sin embargo, Cuba mantiene aliados. Rusia despachó un petrolero con 730.000 barriles de crudo que se espera llegue a principios de abril. Además, tras restricciones financieras, una entrega de combustible ruso fue desviada hacia Trinidad y Tobago. China, por su parte, ha apoyado la expansión de energías renovables: en 12 meses se conectaron 49 nuevos parques solares que hicieron crecer la participación de la energía solar en la producción eléctrica de 5,8% a más del 20%.
También es relevante que Cuba extrae cerca del 40% del petróleo que consume, lo que reduce pero no elimina la vulnerabilidad ante bloqueos y sanciones.
El 20 de marzo llegó a La Habana el Convoy Nuestra América: 650 delegados de 33 países con unas 20 toneladas de ayuda humanitaria por aire y mar. Fue una demostración de solidaridad y un aviso del empeoramiento de la situación humanitaria.
Tres caminos posibles
Predecir con firmeza sería imprudente, pero hay tres escenarios que merecen atención:
- Estrangulamiento y negociación. Continuaría la presión económica mientras Washington y La Habana negociaran un acuerdo que pueda venderse políticamente en Estados Unidos.
- Desestabilización. La combinación de bloqueo y malestar social podría desgastar al gobierno hasta provocar su caída. Ya se registraron protestas y ataques a oficinas del Partido Comunista tras el apagón del 16 de marzo.
- Acción militar súbita. Si ocurre un incidente que sirva de pretexto, la administración podría optar por una demostración de fuerza. Algunos actores en Washington han mostrado inclinaciones más belicistas.
Las señales a observar son la velocidad de las negociaciones, la evolución de la guerra en Oriente Medio y si las demandas de Washington moderan o mantienen su dureza máxima.
La cuenta la paga la gente
Lo más claro hasta ahora es que el coste humanitario lo sufren los ciudadanos cubanos. Las decisiones se toman en gran medida por cálculos políticos internos en Estados Unidos, y la ley internacional parece estar en un segundo plano frente a esas prioridades.
En medio de apagones, escasez y presiones externas, Cuba intenta mantener los servicios básicos y buscar aliados. La isla no está sola, pero la magnitud del choque económico y político hace que el futuro sea incierto.